LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA SANTAFESINA

Un camino sin retorno hacia la Santiago del Estero de los Juárez
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Los santafesinos estamos atravesando momentos de alta trascendencia institucional.
Las discusiones en torno a la implementación de un nuevo sistema electoral, con la posibilidad de derogar la a esta altura, insostenible Ley de Lemas, la discusión sobre la sanción de una Ley de Acceso a la Información, junto a la nueva designación de los miembros del Tribunal de Cuentas, único organismo de control constitucional de la Provincia, marcan a las claras el perfil que el oficialismo justicialista quiere seguir imponiendo en esta Provincia.
En cuanto a la Ley de Lemas, el actual Gobernador, se comprometió públicamente, en época de campaña electoral, con la derogación del sistema, y por ende remitió a la Legislatura, en sus primeros días de Gobierno, un sistema alternativo, con elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos y para todos los ciudadanos. Más allá que desde el radicalismo no compartíamos algunos aspectos, básicamente la idea de obligar compulsivamente al vecino común a participar de las internas para seleccionar candidatos, no dejamos de reconocer que la votación del nuevo sistema electoral en la Cámara de Diputados es un hecho auspicioso.
Ahora bien, lo sucedido hace algunos días en la Cámara de Senadores no hace más que confirmar que los integrantes del Bloque Justicialista parecen no querer entender el mensaje contundente de la ciudadanía toda que ya está harta de un sistema electoral que tergiversa la voluntad popular. En el Senado Provincial ninguno de los 15 miembros del Bloque Justicialista, defendió el proyecto de Obeid, y con serias irregularidades de procedimientos (falta del número necesario para que resulte afirmativa una moción), sancionaron un texto que no dudamos en calificar de engendro jurídico, que podría llegar a establecer entre 5 y 7 sistemas electorales distintos según sea la elección comunal, municipal o provincial. Por las dudas estaba siempre latente otro proyecto que plantea mantener la vigencia de la ley de lemas, cuyo autor es el Senador Gramajo (Departamento 9 de Julio) y que contaba con 7 firmas.
Otro tema es la negativa permanente del oficialismo de sancionar una Ley de Acceso a la Información completa, veraz y oportuna, que permita a la ciudadanía toda poder conocer la totalidad de los actos de gobierno de los tres poderes.
Este Proyecto, fue sancionado en Diputados dos veces, la última vez por unanimidad, y las dos veces fue “cajoneado” en Senadores hasta su pase a archivo. La sorpresa del presente año es que los mismo Senadores y a partir de un Proyecto del Gobernador Obeid, sancionaron un texto de ley pero con un agregado sumamente preocupante, el denominado “interés legítimo”. Esto significa que todo aquel que pretenda conocer algún tipo de información de gobierno, al momento de solicitarla deberá manifestar cuál es su interés o motivación y para que utilizará la información obtenida.
Nosotros entendemos que toda información que se encuentre en poder del Estado es esencialmente pública y que el sólo hecho de invocar el carácter de ciudadano obliga al Estado a entregarla. Sólo admitimos algunas pequeñas excepciones basadas en la protección de la intimidad de las personas, en la necesidad de preservar secretos profesionales o estrategias jurídicas del estado o en razones de seguridad pública.
Esperamos que cuando este tema se discuta en la Diputados, podamos revertir aquella aberración sancionada por los Senadores.

Nuevas designaciones en el Tribunal de Cuentas: ilegitimidad de origen.
Por ultimo debemos abordar el tema de las nuevas designaciones en el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Sabido es que los órganos de Control, hacen a la institucionalidad de una Provincia. En nuestro caso es el máximo tribunal después de la Corte Suprema de Justicia, ya que tiene a su cargo el control de la forma en que el gobierno invierte los fondos públicos.
Son los encargados de velar por el interés de toda la ciudadanía, los que deben aportar a la recomposición de la relación entre sociedad y estado, para que podamos recuperar la confianza en las decisiones estatales que se toman.
El quid central de los órganos de Control, refiere a la forma en que son designados sus miembros. En este sentido hemos presentado un proyecto de ley implementando un nuevo sistema de selección de candidatos a integrar este órgano de control, basado en un concurso público de oposición y antecedentes que garantice que los más capacitados puedan llegar y no que siempre lo hagan los amigos o familiares del poder.
Si hacemos un análisis de los últimos Presidentes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, veremos que en su inmensa mayoría son personas con una alta fidelidad política y de militancia al partido justicialista. Esta paradoja llega al extremo, en el caso de los últimos propuestos, donde quien actualmente es y ha sido en los últimos 25 años- Contador General de la Provincia, en caso de ser electo pasará a controlar lo que el mismo realizó en los últimos años.
¿Cómo hará para controlar sus propios actos? ¿Es útil que un miembro de un Tribunal Colegiado, asuma de antemano una situación de excusación permanente, ya que no podrá observar ni aprobar los documentos firmados por el mismo en su anterior cargo?
Claramente nos encontramos con incompatibilidades de tipo ético que surgen del Código de Ética Profesional de los profesionales en Ciencias Económicas y de las recomendaciones formuladas por el máximo órgano de control nacional, como es la Auditoria General de la Nación.
Por otro lado, en el caso de los otros vocales propuestos, conocemos el origen partidario de ellos, incluso ocupando funciones de carácter políticos relevantes como concejalías, diputaciones provinciales o puestos claves en momentos en que Obeid era Intendente de Santa Fe.
La mayoría de las nuevas estructuras de control que se observan en el resto de las provincias argentinas, apuntan a dejar en manos de los partidos de la oposición o en profesionales idóneos el control de los actos de gobierno. Esta es la idea de la República. El oficialismo gobierna, la oposición y la ciudadanía toda controlan. Pero al parecer en nuestra Provincia, el “oficialismo gobierna y el oficialismo controla”.
Pero, cuando debatíamos acerca de la idoneidad ética y profesional de los propuestos no nos imaginábamos que aún nos faltaba por ver lo peor.
El 6 de Octubre debía haberse reunido la Asamblea Legislativa, donde se debían aprobar los pliegos para el Tribunal de Cuentas.
Pero el justicialismo no dio quórum, hizo fracasar la sesión y, por lo tanto, los propuestos quedaron automáticamente confirmados “de facto” en sus cargos.
La “maniobra” es legal, pero profundamente ilegítima. Se halla amparada en un texto constitucional muy viejo que va a contramano de la más moderna doctrina y legislación, que exige los mayores grados de transparencia, debate y publicidad en la designación de los miembros de los organismos de control.
El justicialismo se negó a dar el debate en la Asamblea Legislativa para no tener que afrontar “los costos” de las impugnaciones que recibieron los nombres propuestos por el Gobernador.
Sabemos también que, nuevamente, la “interna justicialista” y la imposibilidad de acordar una posición única, llevó al oficialismo a esta salida de la aprobación tácita de los pliegos. Una vez más, el justicialismo traslado a los ámbitos del Estado sus interminables internas que la Ley de Lemas no resolvió sino por el contrario, causa una acentuación del desprestigio de las instituciones de la democracia.
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Nuestro accionar